Seguridad digital y derechos de los jóvenes: «La responsabilidad es del abusador, no de la víctima»

Adriana Pérez Tudela, abogada de la Fundación Internet Bolivia y del Centro SOS Digital:

El entorno digital se ha convertido en un espacio de riesgo para los jóvenes. Una abogada especialista en derechos digitales revela las graves fallas institucionales al denunciar el grooming, la extorsión y la difusión de imágenes íntimas en Bolivia.

Una solicitud de amistad o un mensaje privado puede ser el inicio de una violencia digital. Los jóvenes, cada vez más presentes en las redes sociales, se enfrentan a riesgos como el acoso, la extorsión, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y las estafas. En Bolivia, la violencia digital no solo persiste, sino que también revela vacíos legales: dificultades para denunciar y una respuesta institucional que todavía no avanza al mismo ritmo que la tecnología son algunos de los obstáculos. Adriana Yuddy Pérez Tudela, abogada de la Fundación Internet Bolivia y del Centro SOS Digital, analiza los riesgos, las formas de denuncia y los derechos de los jóvenes.

Por: Deyci Mamani Mamani

Contexto y formas de violencia digital

P: ¿Cómo ha influido el crecimiento del uso de Internet en la exposición de los jóvenes a la violencia digital?

R: A partir de la pandemia, el uso de entornos digitales creció enormemente; nuestras vidas se trasladaron a ellos, incluyendo los colegios y a los menores de edad. La seguridad digital consiste en proteger nuestra información, nuestra identidad digital y todo aquello que publicamos en Internet. El riesgo aumenta cuando no somos conscientes de lo que compartimos o con quién interactuamos.

P: ¿Cuáles son las formas de violencia digital que afectan con mayor frecuencia a los jóvenes?

R: Entre las más comunes están la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso, la extorsión y el grooming. Este último ocurre cuando un adulto se hace pasar por alguien de la misma edad para ganarse la confianza de un menor. También hemos conocido casos graves en los que el entorno digital funciona como una vía de captación para la trata de personas.

P: ¿Podría explicar cuáles son las principales formas de violencia registradas según el género?

R: En mujeres, la más frecuente es la violencia sexual digital: difusión de imágenes íntimas, extorsión y envío no solicitado de contenido sexual. También el abuso de información personal, como publicar fotos y celulares en Facebook haciéndolas pasar por "damas de compañía" para exponerlas al acoso.

Y ¿en el caso de los hombres?

En el caso de los hombres, el acoso es la forma más frecuente, seguido de la violencia sexual digital, el desprestigio y el fraude.

P: ¿Qué errores cometen con mayor frecuencia los jóvenes al intentar proteger su información personal?

R: El error más común es agregar a desconocidos a sus perfiles o mantener toda su información pública. Es vital evaluar qué compartimos. Sin embargo, considero que la mayor responsabilidad recae en las plataformas y aplicaciones, porque su diseño puede facilitar la filtración de información y la violencia digital. Los usuarios deben cuidarse, pero las plataformas tienen un deber mayor de prevención.

Denuncia, atención institucional y vacíos legales

P: Un estudio señala que el 51,5 % de los adolescentes desconoce los canales de denuncia. ¿Qué revela este dato?

R: Existe un grave problema de difusión de los canales de denuncia y de generación de confianza para que los jóvenes se sientan seguros al denunciar. Recibimos casos de personas que acudieron a la Policía o Defensoría y encontraron funcionarios que desconocen la Ley 1636 (Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales) o que no saben cómo tipificar el delito. Peor aún, cuando una víctima denuncia la difusión de una imagen íntima, a veces se le cuestiona por qué la envió en lugar de recibir orientación. Falta empatía y comprensión.

P: ¿Qué debería hacer un joven que sufre acoso, extorsión o difusión de imágenes sin consentimiento?

R: Lo primero es romper el silencio. Los agresores buscan aislar a sus víctimas, por eso hay que buscar redes de apoyo. Para un joven es difícil hablar de estos temas con sus padres, pero hablar es una forma de quitarles el control a los agresores. Es fundamental conservar todas las pruebas y no borrarlas, aunque la reacción inmediata sea querer eliminarlas. Hay que mantener la calma, conservar el dispositivo y acudir a la División de Cibercrimen, donde los funcionarios están más familiarizados con estos delitos.

P: ¿La Fundación realiza apoyo técnico en estos casos de violencia digital?

R: Sí. Este año recibimos un caso de abuso sexual digital en el que realizamos una pericia al celular de una menor, con autorización de sus padres, y presentamos el informe a la Fiscalía. También brindamos apoyo técnico sin orden fiscal, siempre con autorización de la víctima, analizando dispositivos para identificar programas espía o preservar evidencia digital.

P: ¿Qué dificultades encuentran los jóvenes cuando deciden denunciar estos hechos?

R: Existe mucha confusión sobre qué instancia debe recibir la denuncia. Las personas acuden a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV, pero ciertos casos corresponden a la FELCC por sus divisiones especializadas. No existe una ruta de derivación clara. En ocasiones, los funcionarios les dicen a las víctimas que "el delito no existe" o que "no se puede hacer nada". Por eso es urgente capacitar a los operadores de justicia y la orientación que dan a las víctimas.

Regulación y mensaje final

P: ¿Qué medidas deberían implementarse para que los jóvenes estén mejor protegidos en los entornos digitales?

R: Es necesario mejorar la difusión de la Ley 1636 y capacitar a funcionarios de defensorías y policías, porque no existe familiaridad con estos temas. También corresponde a las autoridades avanzar en su reglamentación. Desde la sociedad civil, debemos ir a las escuelas a informar. El Ministerio de Educación debe establecer rutas de atención, porque muchas violencias ocurren en los grupos de WhatsApp de los cursos.

P: ¿Considera que Bolivia está avanzando al ritmo necesario en materia de regulación digital?

R: Bolivia se está quedando rezagada. Actualmente no contamos con una ley específica de protección de datos personales ni una ley de ciberseguridad. Otros países de la región, como México o Argentina, ya cuentan con normativas. Es fundamental que la sociedad civil se una para exigir respuestas y leyes que permitan enfrentar estos problemas. No se puede permitir que la falta de regulación y la impunidad continúen afectando a las víctimas.

P: ¿Qué mensaje daría a los jóvenes que atraviesan una situación de violencia digital?

R: Les diría que no sientan vergüenza ni culpa. Estas situaciones generan mucha vergüenza, y las víctimas se preguntan cómo cayeron en algo que desde afuera parecía evidente. Sin embargo, la responsabilidad es del abusador, no de la víctima. Las redes criminales saben manipular a cualquiera. No están solos y pueden pedir ayuda.