“La tecnología no es el enemigo: el derecho laboral se quedó sin conexión”

Ronald Carvajal Ferrufino, abogado laboralista:

Miles de jóvenes bolivianos reparten pedidos o conducen para aplicaciones como Yango, PedidosYa y Uber. Ganan al instante y manejan su tiempo, pero lo hacen sin contrato, sin aportes a la jubilación y sin seguro, bajo una Ley General del Trabajo que data de 1942. En esta entrevista, el abogado Ronald Carvajal Ferrufino, con diez años de trabajo en derechos laborales, explica por qué este modelo es a la vez una oportunidad y una forma de precarización, y qué propone para que el trabajo digital sea digno.

Por: Bryan Jhonatan Cabrera

El vacío legal y la subordinación algorítmica

P: ¿Por qué la Ley General del Trabajo genera un vacío legal frente a las plataformas digitales?

R: Porque la ley fue pensada para otro mundo. Solo entiende dos figuras, empleado o independiente, y las plataformas crearon una tercera. Yango, PedidosYa o Uber dicen que son intermediarios tecnológicos y que quienes trabajan con ellos son “socios independientes”. En el papel no hay patrón ni empleado, así que no se aplican aguinaldo, seguro ni indemnización.

Entonces ¿cómo funciona?

La subordinación existe, solo que es algorítmica: la aplicación asigna los pedidos, controla por GPS y por tiempo de entrega, fija el precio sin que se pueda negociar y sanciona o desactiva a quien rechaza viajes o tiene baja calificación. Como no hay un jefe humano dando órdenes, es muy difícil probarla con la definición de 1942. A eso se suma que es un trabajo intermitente, sin horario ni lugar fijo y pagado por tarea. ¿Cómo se calculan horas extra, vacaciones o aportes a la AFP de quien trabaja tres horas en una aplicación, dos en otra y mañana no trabaja? La ley no tiene esa fórmula. No es que la ley tenga un hueco; es que nunca imaginó un trabajo sin jefe visible, controlado por una aplicación.

P: ¿Por qué la Constitución reconoce que el trabajo debe ser digno, con seguridad y protección?

R: Porque sin esas condiciones el trabajo deja de ser un derecho y se vuelve explotación, y eso fue lo que la Constitución de 2009 quiso dejar atrás. El artículo 46 reconoce el derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración justa.

¿Entonces la ley tiene vacíos?

El artículo 48 va más lejos: las normas laborales se interpretan bajo el principio de protección al trabajador, y los derechos laborales son irrenunciables. Eso significa que, aunque alguien acepte en una aplicación un contrato que dice “soy independiente y renuncio a todo”, esa cláusula no puede anular sus derechos. El argumento de fondo es sencillo: la Ley General del Trabajo tiene un vacío, pero la Constitución no. El vacío de una ley no puede vaciar un derecho constitucional.

P: ¿Por qué se habla tan poco de los derechos a futuro de los jóvenes en este modelo?

R: Porque hoy tienen ingreso y eso tapa lo que están perdiendo. Para alguien de veinte años, la plataforma es perfecta: dinero rápido y sin requisitos. Pero sin aportes a la AFP, esos años de trabajo cuentan como cero para la jubilación. Sin seguro de salud, si hay un accidente en la moto, la aplicación no paga. Y sin antigüedad, alguien puede trabajar cuatro años y ser desactivado un día sin indemnización alguna. Es cambiar seguridad a treinta años por efectivo hoy.

¿Y qué puede pasar?

Si el Estado no regula ahora, dentro de dos décadas tendremos una generación entera de personas de 40 o 45 años sin aportes, sin salud y sin estabilidad, que dependerá del Estado. Por eso se habla de derechos intergeneracionales.

¿Tecnología enemiga o modelo de negocio precario?

P: ¿Es entonces la tecnología el enemigo laboral de los jóvenes?

R: No. La tecnología no explota; lo hace el modelo de negocio que la usa para eludir la ley. Lo que logran estas aplicaciones es impresionante: conectan oferta y demanda en segundos, optimizan rutas y dan ingresos a gente que no los tenía. El problema no es el GPS, ni el algoritmo, ni el celular, sino la regla que el dueño de la plataforma le pone al algoritmo: pagar lo menos posible y no asumir responsabilidad.

¿Y funciona igual en otras partes del mundo?

La misma tecnología con otra regulación funciona con derechos. En España, la Ley Rider de 2021 estableció que los repartidores de plataformas se presumen asalariados. La tecnología es idéntica; lo que cambia es la garantía. Cuando no hay reglas, la empresa tiene todos los incentivos para trasladar el riesgo al más débil. La moto, la gasolina, el internet y el accidente los paga el joven, mientras la empresa cobra su comisión sin riesgo. La tecnología no eliminó al jefe, lo escondió en un servidor en otro país.

P: Pero muchos jóvenes sí encuentran oportunidades en estas aplicaciones. ¿No se les victimiza demasiado?

R: Se les victimiza si se los pinta solo como engañados. Ellos toman una decisión racional dentro de las pocas opciones que el país les da. Piense en un joven de 22 años en La Paz o El Alto, sin título ni experiencia: el mercado formal le ofrece el salario mínimo, ocho horas encerrado y, muchas veces, ni siquiera contrato. En la plataforma gana más por hora, maneja su horario, puede estudiar por la mañana y repartir por la tarde. Elige flexibilidad e ingreso inmediato sobre seguridad a largo plazo.

¿Entonces son víctimas?

Además, para muchos es su primer empleo, un trabajo puente mientras estudian, o el capital semilla para un emprendimiento. Y victimizarlos tiene un riesgo: si solo son víctimas, la solución lógica sería cerrar las aplicaciones, y eso los dejaría en el comercio informal, aún más precario. El problema no es que elijan plataformas, sino que esa elección racional hoy les cueste todos sus derechos mañana.

P: Entonces, el trabajo juvenil en la era digital, ¿es un avance o una precarización?

R: Es un avance precarizado. Es un avance innegable en acceso, ingresos y flexibilidad, pero se convierte en precarización porque ocurre en un vacío legal. La pregunta clave es si el joven que reparte en moto es un emprendedor digital o un trabajador encubierto. Mi posición es que no se puede ni prohibir ni romantizar: hay que regularizar.

¿Y cómo se empieza a regularizar?

La regulación debería tener tres pisos mínimos: una presunción de laboralidad (si la aplicación fija el precio, asigna y sanciona, se presume una relación laboral); una protección mínima portable (seguro contra accidentes pagado por la plataforma y aporte a la AFP); y transparencia algorítmica (que nadie sea desactivado sin un proceso con intervención humana).

Los derechos perdidos, la "zona gris" y las mujeres

P: ¿Cómo define el trabajo en plataformas digitales? ¿Es empleo formal, informal o una categoría nueva?

R: Es una categoría nueva que vive en la informalidad, aunque parezca formal. No es empleo formal, porque no hay contrato, aportes, seguro, antigüedad, aguinaldo ni indemnización. Tampoco es informalidad clásica, porque no se trata de alguien que vende por su cuenta en la calle: hay una empresa que lo organiza, le pone precio y lo califica. La doctrina la llama “zona gris”: formalmente independiente, materialmente dependiente. Es un modelo de luces y sombras. Las luces son la flexibilidad y el cobro inmediato. Las sombras son la subordinación algorítmica, la ajenidad y el traslado total del riesgo.

P: ¿Qué derechos se pierden al trabajar sin contrato y quién responde ante un accidente?

R: Se pierde prácticamente todo el paquete laboral y de seguridad social: aguinaldo, vacaciones, indemnización, seguro de salud, aportes a la AFP, asignaciones familiares y la posibilidad de organizarse sindicalmente.

Y lo más grave es…

Lo más grave es la seguridad. Piense en un repartidor de La Paz o El Alto: lluvia, granizo, tráfico, diez horas en moto y presión por entregar rápido. Hoy el riesgo lo asume casi por completo el joven. El SOAT cubre lo básico de un accidente de tránsito, pero no los días sin trabajar ni los daños a la moto. El resultado es que el joven paga el hospital y los repuestos, se queda sin ingresos esa semana y la plataforma sigue cobrando su comisión con otro repartidor.

P: ¿Cómo afecta la falta de regulación a las mujeres jóvenes y qué papel juegan las plataformas?

R: La precarización no es neutra: golpea más a las mujeres. Enfrentan acoso de clientes y deben entrar de noche a zonas peligrosas, muchas veces sin un protocolo ni un botón de pánico efectivo. Por la carga de cuidados trabajan menos horas nocturnas, que suelen ser las mejor pagadas, y eso genera una brecha de ingresos. La maternidad queda desprotegida: en un empleo formal hay descanso prenatal y postnatal pagado, lactancia e inamovilidad; en la aplicación, si no reparte, no cobra.

El futuro con IA y la propuesta de regulación

P: ¿Cómo imagina el futuro del trabajo juvenil con la inteligencia artificial?

R: No va a desaparecer el trabajo en plataformas; va a empeorar si no se regula. Veremos más plataformas, y no solo de delivery y transporte, sino de limpieza, cuidados, clases o diseño. La inteligencia artificial controlará más: no solo asignará pedidos, sino que podrá predecir si alguien va a rechazar uno, ajustar la tarifa en tiempo real y evaluar con reconocimiento facial. Si hoy, sin esa tecnología, ya no tienen seguro, con ella tendrán todavía menos poder para reclamar.

P: ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes de delivery y a las autoridades?

R: A los jóvenes les diría que sí tienen derechos, aunque la aplicación les diga que no. La Constitución está por encima de un contrato que se aceptó en dos segundos en el celular. Les recomendaría organizarse y registrar todo: horas conectadas, ingresos, accidentes y desactivaciones. Que exijan que se les explique por qué los desactivan. No tienen que dejar la aplicación si les da ingresos, pero tampoco renunciar a su futuro por ella.

¿Y a las autoridades?

Les diría que regulen estas aplicaciones para proteger también a quien maneja la moto, no solo al pasajero. Para las empresas, privatizar las ganancias y socializar los riesgos es éticamente insostenible. La innovación sin responsabilidad es precarización.

P: ¿Cuál es la solución de fondo que propone?

R: La solución no es prohibir ni dejar el mercado libre: es traer la Constitución a la aplicación. Propongo una ley de trabajo digno en plataformas con cinco ejes: primero, una presunción relativa de laboralidad; segundo, dos regímenes con un piso mínimo común (seguro de accidentes, aportes proporcionales y equipo de seguridad); tercero, pago por tiempo conectado, no solo por entrega; cuarto, justicia algorítmica (ninguna desactivación automática, con derecho a apelar ante una persona en 48 horas); y quinto, un registro único de todas las plataformas ante el Ministerio de Trabajo. Que el trabajo juvenil digital siga siendo flexible, pero que deje de ser un atajo hacia una vejez sin derechos.