El precio de la Libreta Militar
LA PREGUNTA PENDIENTE Por: Kadvi Elizabeth Calderón Chana| Estudiante de Comunicación Social UMSA| octubre 25, 2026 20:00| elizabethcalderon882@gmail.com|Columna de opinión El precio de la Libreta Militar Hay jóvenes que ingresan a un cuartel con una muda de ropa, una libreta de apuntes y la promesa de volver a casa con la libreta militar. Algunas familias los despiden con orgullo; otras, con la esperanza de que ese documento le abra una puerta al trabajo o a los estudios. Pero hay madres que no reciben de vuelta a sus hijos, sino explicaciones incompletas, trámites interminables y un silencio que parece proteger más al uniforme que a la vida.
¿Cuándo decidimos que el sufrimiento era parte de servir a la patria? Bolivia no enfrenta hechos aislados que puedan despacharse como excesos de un instructor. La Defensoría del Pueblo registró 53 fallecimientos de conscriptos entre 2013 y 2023 y recibió 362 casos de violencia en cuarteles durante ese periodo. Además, una encuesta realizada en 2023 a 1.500 cadetes y conscriptos de 18 centros de formación policial y militar reveló que el 77 % había presenciado violencia contra un compañero y el 30 % señaló a instructores como autores de las agresiones.
Mi postura es clara: el problema del servicio militar boliviano no se reduce a su obligatoriedad. Está atravesado por cuatro problemas estructurales que se sostienen entre sí: una cultura de la violencia presentada como disciplina; la discriminación histórica contra jóvenes indígenas y rurales; la aspiración familiar a obtener una libreta militar como vía de reconocimiento y oportunidad; y una impunidad que deja a las víctimas y sus familias peleando por respuestas.
El primero es la violencia convertida en método de enseñanza. La disciplina se invoca para justificar castigos físicos, humillaciones o entrenamientos que ponen en riesgo la integridad de los conscriptos. Pero el dolor no enseña necesariamente valor, ni el miedo fabrica compromiso. Cuando un superior golpea a un joven para demostrar autoridad, lo que se aprende no es a proteger al país, sino que el más fuerte puede someter al más débil. La investigación de OPINIÓN y CONNECTAS de 2024 sobre las muertes en cuarteles documentó casos asociados a asfixia, golpes, disparos, golpes de calor y abuso sexual, aunque advirtió que no todas las muertes estaban esclarecidas judicialmente. Esa falta de claridad no es un detalle al pie de página: es parte del problema.
El segundo problema tiene raíces históricas. La desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas no nació ayer ni puede explicarse solo por el comportamiento de un mal instructor. Después de la fundación de la República, la institución militar fue durante largo tiempo un espacio reservado a las élites, mientras la población indígena era excluida de derechos y posiciones de mando. Con la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1907 se promovió una supuesta igualdad ante la defensa nacional, pero en la práctica se consolidó una división jerárquica: la oficialidad se asociaba a sectores blancos, los mandos medios a mestizos y las filas de soldados a indígenas. La ley hablaba de un deber común mientras los cuerpos seguían distribuidos de manera desigual.
Por eso, cuando los apellidos Mamani, Quispe o Colque han cargado históricamente con el desprecio racial, no afirmo que cada oficial de apellido distinto sea abusivo ni que todos los conscriptos indígenas vivan la misma experiencia. Señalo una herencia social que no desaparece porque todos vistan el mismo uniforme. El reportaje de OPINIÓN y CONNECTAS recogió la observación del investigador Samuel Montaño sobre la formación elitista de parte de la oficialidad y la presencia mayoritaria de jóvenes indígenas y campesinos entre los conscriptos. La igualdad no se demuestra con uniformes idénticos, sino con trato igualitario, oportunidades reales y justicia cuando alguien abusa de su rango.
El tercer problema es más incómodo porque también vive fuera de los cuarteles: la esperanza depositada en la libreta militar. Para algunas familias, especialmente cuando escasean las oportunidades educativas y laborales, cumplir el servicio significa conseguir un documento que consideran necesario para avanzar.
No se puede reprochar a una madre que quiera darle a su hijo todas las herramientas posibles, ni a un joven que busque reconocimiento en una sociedad que tantas veces le ha negado otras vías. Pero debemos preguntarnos por qué una familia puede llegar a aceptar que su hijo pase hambre, miedo o humillaciones con tal de regresar con una credencial. ¿Cuándo convertimos el sufrimiento masculino en una prueba de madurez y el maltrato en una supuesta escuela de gratitud?
Marta Cabezas Fernández analiza el servicio militar obligatorio como una institución que ha contribuido a reproducir una ciudadanía diferenciada, marcada por relaciones de clase, racismo y patriarcado. No todos llegan al cuartel desde el mismo lugar ni esperan obtener lo mismo de él. Para unos puede ser parte de una trayectoria familiar o profesional; para otros, una de las pocas credenciales que imaginan capaces de mejorar sus oportunidades. Si queremos que las familias puedan elegir libremente, no basta con pedirles que dejen de enviar a sus hijos: hay que ampliar el acceso a educación pertinente, formación técnica y empleo digno.
El cuarto problema es la impunidad. Cuando una persona se encuentra bajo custodia del Estado, este tiene la obligación de proteger su vida e integridad. Sin embargo, los registros de violencia y fallecimientos obligan a preguntar cuántas investigaciones avanzan, cuántas responsabilidades se establecen y cuántas familias reciben una explicación completa.
La investigación de OPINIÓN y CONNECTAS encontró más de 60 muertes de jóvenes entre 2011 y 2023 en circunstancias aparentemente abusivas o violentas, frente a los 53 casos registrados por la Defensoría para 2013-2023. Las cifras no son directamente equivalentes porque corresponden a periodos y métodos de registro distintos; aun así, muestran que el problema exige transparencia, investigación y seguimiento público.
Habrá quien diga que el servicio militar necesita rigor, obediencia y disciplina, y tiene razón en que una institución encargada de la defensa nacional no puede funcionar sin preparación ni normas. Pero esa defensa no justifica el abuso. Exigir no es torturar; corregir no es humillar; formar carácter no significa quebrar a una persona. Una disciplina que depende del miedo no demuestra fortaleza institucional, sino incapacidad para ejercer autoridad sin violencia.
Entonces, ¿la solución es dejar de enviar a los jóvenes de clase media o de comunidades rurales e indígenas? No. Esa respuesta castigaría otra vez a quienes ya enfrentan menos oportunidades y dejaría intacta la estructura que permite el abuso. La solución es romper con los cuatro problemas: erradicar la violencia como método de formación; investigar y sancionar la discriminación; construir oportunidades para que la libreta militar no parezca la única puerta al futuro; y garantizar investigaciones independientes, mecanismos seguros de denuncia y protección frente a represalias.
Si un joven sueña con hacer carrera militar, debería encontrar una institución que le enseñe a defender a la ciudadanía, no una que lo obligue a soportar la crueldad de otro ciudadano con más rango. Y si una familia entrega a su hijo al país, el país tiene la obligación de devolverlo con vida, dignidad y derechos. El precio de la libreta militar no debería medirse en golpes, humillaciones ni vidas perdidas, sino en la dignidad de quienes la obtienen y en la responsabilidad de un Estado que tiene el deber de protegerlos.
